sábado, 12 de enero de 2008

OTRA GOTA EN EL VASO DERRAMADO

Tras una resolución del intendente de Treinta y Tres, referida al polémico tema de las patentes, ediles nacionalistas levantan la voz de alerta ante la repercusión de la medida, que podría desencadenar en una red de ilegalidad.

Los ediles de Treinta y Tres, por el Partido Nacional lista 8, Ramón Da Silva y Pablo Chalar, plantean que la resolución del intendente olimareño podría provocar el surgimiento de serios inconvenientes jurídicos.
Da Silva señaló, en medios locales, que le preocupa una resolución respaldada por el jefe comunal, referida al tributo de patentes, que busca subsanar el incumplimiento de algunas comunas con lo establecido en el Congreso Nacional de Intendentes. Vele establecer que por la resolución municipal 0042/008, asunto n-036/07/01/08, se resuelve que: “Los titulares de vehículos con matrícula de Treinta y Tres que solicitaren reempadronar los mismos en otro Departamento, deberán estar al día en el pago en todos los tributos municipales de los que fueran sujetos pasivos, así como no podrán existir convenios vigentes de refinanciación de tributos municipales firmados por el solicitante al amparo de cualquier régimen y no registrar multas aplicadas por violaciones a las Ordenanzas y Decretos Departamental.” Entre otros puntos que plantean requisitos para el ámbito local, el edil nacionalista reparó en los perjuicios aparejados hacia la comuna, que vendrían implícitos en la resolución. Y agregó que esto podría beneficiar a una eventual red de automóviles “truchos”. Aparejado esto, por la existencia de autos “mellizos”; retrotrayéndose a la problemática que se dio en nuestro país hace algunos años, en la que varios automóviles se encontraban empadronados en más de un departamento.
En tanto, el edil Pablo Chalar instó al titular de la intendencia de Treinta y Tres a denunciar penalmente a las comunas que –según los propios dichos del Sr. Intendente, y de la resolución aludida- incurren en delito cuando “la información relacionada al domicilio del titular del vehículo a reempadronar es en ocasiones falsa o directamente no existe control alguno en la Intendencia de destino del mismo” (considerando III). Se trataría de una falsificación de documentos, destinados al reempadronamiento de vehículos. Las afirmaciones vienen dadas también, por el artículo 3 de la resolución municipal donde se establece que: “La Intendencia de Treinta y Tres no procederá a dar de baja de su Registro de Vehículos a aquellos que se reempadronen en otros departamentos mientras sus titulares no cumplan con lo establecido en los numerales anteriores..”, donde se plantea el requisito de presentar una certificación notarial, para la cual se deberá exhibir los documentos ya verificados por el escribano actuante, afirmando que los vehículos que incumplen la medida seguirán generando el tributo de Patente de Rodados. Dadas estas medidas adoptadas por resolución municipal, y a las afirmaciones del Intendente de Treinta y Tres, de que existen comunas que a sabiendas aceptan documentación falsa, el edil Pablo Chalar fustigó duramente la actitud consistente en efectuar acusaciones de este tenor sin presentar las respectivas denuncias, señalando que el jefe comunal debería llevar las pruebas a la justicia penal dada la gravedad de las afirmaciones del intendente olimareño. Al ser consultado, por medios locales, el intendente Gerardo Amaral dijo que el asunto ya se encuentra a estudio por el departamento jurídico de la comuna, y seguramente se proceda a las denuncias correspondientes, si se encuentran elementos que lleven a la ilegalidad.
Entre tanto los ediles olimareños, plantearon una solución al polémico asunto de las patentes. Da Silva y Chalar piensan que llevar el valor de las patentes, a nivel nacional, al valor más bajo del establecido por las diferentes comunas, podría aportar una alternativa que beneficiaría a los contribuyentes e intendencias, terminando con el negocio la competencia de precios, que busca atraer ciudadanos a las ventanillas de recaudación.

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